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El órgano de representación del profesorado de la Universidad de Cornell decidió este miércoles seguir adelante con un voto de censura simbólico contra la dirección del centro por su gestión de la denuncia de agresión sexual de una antigua estudiante.

La acción se produce tras la crisis desatada en Cornell por la demanda de una antigua estudiante que acusó a siete estudiantes de violarla durante horas en una casa de una fraternidad del campus en 2024, y aseguró que la universidad no investigó adecuadamente lo ocurrido.

El órgano que representa a los profesores votó hoy a favor de avanzar con el voto de censura, que durará una semana a partir de mañana y, si prospera, se puede traducir en una reprobación contra la gestión del presidente de Cornell, Michael I. Kotlikoff, indicó The New York Times.

La moción no tiene poder de destitución y, en esencial, busca cuestionar el liderazgo de Cornell.

La resolución que votarán los profesores fue propuesta a principios de octubre por miembros del órgano y busca responsabilizar a la "administración central" de Cornell de "la persistente crisis de agresiones" en la institución, aunque no especifica políticas ni nombres, detalla el diario.

Algunos de los profesores dijeron haber sido contactados por antiguos alumnos que se declararon víctimas de agresión sexual en el campus en el pasado, tema que fue objeto de debate hoy en la sesión del pleno del órgano, en el que algunos profesores pidieron aplazar la votación.

La denunciante del caso sometido a escrutinio, que usa un seudónimo, dijo en una carta al claustro a mitad este mes que la primera respuesta de Kotlikoff fue "dudar sobre la veracidad" de su relato y preguntarle por qué "esperó tanto" para acudir a las autoridades.

El caso ha generado críticas tanto por la respuesta de la universidad como por la investigación inicial. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó la actuación de la policía del campus de Cornell por no trasladar a los fiscales las declaraciones de la joven.

Hochul nombró el pasado 1 de octubre a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para dirigir una investigación criminal sobre el caso.

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