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Miami.— Los recientes operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que derivaron en la muerte de migrantes, y el deceso de otros en centros de detención han desatado un clima de temor y de enojo en EU.

El 7 de julio, un agente mató a tiros al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas. El día 13, otro agente disparó contra el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine. El 14, un mexicano de 28 años murió atropellado por un tráiler en St. Augustine, Florida, mientras escapaba de agentes federales que se acercaron al vehículo en el que viajaba.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo a EL UNIVERSAL que “se trata de una tragedia desgarradora que exige una respuesta inmediata con transparencia, una rendición de cuentas y una investigación independiente de las autoridades les guste o no”.

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Tras el asesinato de Durán Guerrero, Salas considera que “se trata de una violencia estatal destinada a aterrorizar comunidades mediante el miedo, la intimidación y la violencia mortal; nadie debería preguntarse si un encuentro con agentes federales terminará en una muerte”. CHIRLA exigió que ICE saliera de los barrios inmigrantes, que las pesquisas quedaran bajo autoridades independientes y que cada funcionario responsable enfrentara consecuencias.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew, realizada entre 4 mil 923 adultos latinos, encontró que 52% temía que él mismo, un familiar o un amigo cercano fuera deportado, 10% más que siete meses antes. La preocupación alcanzaba a 63% de los inmigrantes y a 46% de los latinos nacidos en Estados Unidos. El 59% había visto o escuchado sobre arrestos o redadas de ICE en su localidad y 47% afirmaba sentirse menos seguro por las acciones migratorias de la administración de Donald Trump. Entre mexicanos y centroamericanos, aproximadamente la mitad decía que la campaña de deportaciones había reducido la seguridad de su propia comunidad.

El 43% de los latinos encuestados por Pew temía que las autoridades le exigieran demostrar su ciudadanía o situación migratoria durante actividades comunes. El 19% había cambiado sus rutinas por esa posibilidad.

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Clara, mexicana indocumentada que ha vivido durante 26 años en Magnolia Park, declaró que “nunca pensamos que ICE mataría a alguien aquí; sabíamos que detenían personas, pero ahora se están volviendo muy violentos”. Después del tiroteo cercano a su vivienda, limitó sus salidas y su hijo estadounidense comenzó a acompañar al padre al trabajo para que dentro del automóvil hubiera alguien con pasaporte.

Jessica Campos, organizadora comunitaria y ciudadana estadounidense, comentó a este diario que “ahora existe el miedo de que te maten; nadie puede vivir esperando otra muerte, otra deportación y otra familia separada”. En Maine, Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine, afirmó que “decir que estamos destrozados no expresa la profundidad del agotamiento, el terror y el dolor que estamos sintiendo”.

La ausencia de cámaras corporales se convirtió en una de las causas principales de la indignación. “Resultan decisivas porque ICE ha querido justificarse después de los distintos tiroteos alegando que el conductor intentaba escapar, que puso en peligro a sus agentes y que los migrantes agredidos usaron su auto como arma”, subraya Salas.

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La reacción en Houston mostró que el miedo empezó a convertirse en furia organizada; más de 100 personas se registraron para hablar ante el Concejo Municipal y otras permanecieron en los pasillos o protestaron afuera del ayuntamiento. Los manifestantes acusaron a la agencia de actuar con impunidad en barrios latinos.

La presión social llegó a provocar la suspensión temporal de la mayoría de los controles vehiculares de ICE, pero el presidente Trump ordenó restablecerlos.

Organizadores locales y grupos de inmigrantes convocaron a un Día Nacional de Acción, buscando justicia para Guerrero y exigiendo que el ICE abandone el estado. Se manifestaron desde las principales ciudades de California hasta pequeñas comunidades del Medio Oeste.

Las acciones se suman a otras en Maine. Kellie Hess, residente de Wayne y asistente a una protesta, dijo sentir “rabia y una profunda tristeza”. Alex Caradonna, de Scarborough, añadió que “cualquiera debería estar indignado por esto. No debería ser una cuestión política estar indignado porque un ciudadano o un extranjero haya sido asesinado”, reportó The Maine Monitor.

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