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De manera ilegal, Morena dispersó ilegalmente más de 250 mil “apoyos sociales” utilizando la estructura de la Financiera para el Bienestar, muchos de ellos durante la campaña de Claudia Sheinbaum en 2024. 

Una investigación del periodista Eduardo Buendía para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que esta práctica inició durante la dirigencia de Mario Delgado y continuó bajo la gestión de Luisa María Alcalde, durante la cual Andy López Beltrán ocupó la Secretaría de Organización del partido.

De acuerdo con la ley electoral en México, la dispersión masiva de recursos y la entrega de dádivas o “apoyos” por parte de los partidos constituye un acto ilegal, pues los partidos no poseen facultades ni atribuciones en este sentido, ya que la entrega de programas sociales corresponde de manera exclusiva al Estado.

El periodista revela dos contratos suscritos entre Morena y Finabien. El primer convenio se firmó en junio de 2022 bajo la administración de Delgado, mientras que el segundo documento fue signado en diciembre de 2025 durante la gestión de Luisa Alcalde. 

En el inter, se verificó el proceso electoral de 2024, que llevó a la presidencia a Claudia Sheinbaum. No se sabe cuántos de los más de 252 mil apoyos se entregaron durante su campaña.

La investigación detalla que a mediados de junio se dio a conocer una auditoría practicada por el Órgano Interno de Control de Finabien. Ahí se precisa que el CEN de Morena contrató los servicios de la institución con la finalidad de gestionar e instrumentar hasta 252 mil 901 pagos catalogados bajo el concepto de “apoyos sociales”.

Los dictámenes de la auditoría señalan que el convenio inicial se pactó el 1 de junio de 2022 y se mantuvo operativo al menos hasta el 28 de junio de 2024. Esto significa que el flujo de recursos operó durante el proceso electoral en el que Claudia Sheinbaum resultó electa como presidenta y Morena consiguió la mayoría en el Congreso de la Unión.

Entre las irregularidades detectadas por los auditores destaca que la instrumentación del contrato careció de protocolos de seguridad financiera básica, es decir, protección contra lavado de dinero. 

Las revisiones confirmaron la ausencia total de mecanismos de control alineados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como la omisión de las regulaciones fijadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta falta de supervisión y apego a la ley antilavado de dinero implica que no existió certeza institucional ni transparencia objetiva sobre el origen real ni el destino final del dinero asignado. 

ofv

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