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Albuquerque, Nuevo México.- El fiscal general de Nuevo México presentó una demanda el miércoles contra el abogado y el contador de Jeffrey Epstein, acusándoles de ocultar su operación de tráfico sexual en una hacienda cerca de Santa Fe donde el desacreditado financista alguna vez tenía a invitados.

La demanda busca impedir que Darren Indyke y Richard Kahn acepten cualquier pago del patrimonio de Epstein. El fiscal general Raúl Torrez también acusó a Indyke y Kahn de estar al tanto de abusos sexuales contra niñas y mujeres jóvenes en la hacienda Zorro, cerca de Santa Fe.

Indyke trabajó como abogado de Epstein durante aproximadamente dos décadas. Tanto él como Kahn han testificado ante un comité del Congreso que no sabían de los abusos de Epstein, aunque Torrez tiene una opinión diferente.

Dijo que el patrimonio de Epstein tiene más de 100 millones de dólares, y que Indyke y Kahn “podrían beneficiarse sustancialmente” a menos que un tribunal intervenga.

“Esos recursos legítimamente pertenecen en manos de los sobrevivientes”, expresó el fiscal general, en referencia a las víctimas de los abusos de Epstein.

Epstein se quitó la vida en agosto de 2019 en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York, donde esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Ghislaine Maxwell, exnovia y estrecha colaboradora de Epstein, cumple una condena de 20 años de prisión tras su condena en 2021 por cargos de tráfico sexual en Nueva York. Según testigos en el juicio, ella y Epstein abusaron sexualmente de mujeres en la hacienda de Nuevo México.

Epstein compró el terreno en Stanley, Nuevo México, una comunidad ganadera escasamente poblada a unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de Santa Fe, en 1993. Construyó una mansión de 2.480 metros cuadrados (26.700 pies cuadrados) con un amplio patio, una sala de estar y una pista de aterrizaje privada y un helipuerto.

Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, aunque la fiscalía del estado confirmó en 2019 que estaba investigando y planeaba remitir sus hallazgos a las autoridades federales en Nueva York. Héctor Balderas, quien era fiscal general en ese momento, dijo que las leyes anticuadas del estado no lograban proteger a los niños del abuso.

La propiedad fue vendida por el patrimonio de Epstein en 2023 —con los ingresos destinados a acreedores— a la familia de Don Huffines, un republicano recientemente nombrado contralor estatal de Texas. Huffines indicó en una publicación en redes sociales que la propiedad ha sido rebautizada como Hacienda San Rafael y que su familia planea operar allí un retiro cristiano.

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