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Camila Vallejo recordó cómo Facebook le sirvió al movimiento estudiantil para convocar a miles de personas. Quince años después, preguntó quién manda en esa plaza. Su propuesta de una red pública llevó al foro una discusión sobre las reglas que gobiernan lo que vemos.

En 2011, cuando era dirigente estudiantil, Camila Vallejo vio crecer en Facebook la convocatoria a un «besatón» en defensa de la educación pública. Según recordó en Ciudad de México, unas 57 mil personas marcaron que asistirían. La plataforma hacía posible convocar a miles de desconocidos alrededor de una causa. La exvocera del gobierno de Gabriel Boric volvió quince años después a esa experiencia. ¿Quién decide qué vemos cuando la plaza tiene dueños privados?

En la conferencia, moderada por Francisco Vázquez Salazar, la pregunta pasó de la libertad de publicar al poder de distribuir. Una plataforma puede modificar el orden en que aparecen los mensajes, decidir qué recomienda y cambiar las condiciones para retirar un contenido. Una decisión técnica puede reducir el alcance de una investigación, amplificar una acusación o alterar la circulación de información de salud. Para la persona que mira su pantalla, todo eso sucede en el espacio de un movimiento del dedo.

Quién ordena la conversación

Vallejo distinguió la desinformación deliberada de un error compartido de buena fe. Señaló además que un dato verdadero puede utilizarse para hacer daño. Una declaración recortada puede conservar cada palabra pronunciada y perder el contexto que le daba sentido. Para corregir un error hace falta mostrar el dato. Para entender una operación de amplificación hay que averiguar quién la mueve y cómo logra que parezca más extendida.

Un caso chileno permitió poner números al problema. En una investigación de El Mostrador, especialistas examinaron 18 517 cuentas que interactuaron con publicaciones de tres perfiles de X en el contexto de la campaña presidencial. Estimaron que unas 1 300 mostraban indicios de automatización o de identidades inauténticas. El cálculo corresponde a esa muestra. Para un gobierno que sigue la conversación digital, la dificultad es distinguir entre la urgencia de un reclamo y el volumen que alguien consiguió darle.

Vallejo recurrió a la expresión «inundar la zona», popularizada por Steve Bannon. Mientras una redacción comprueba el origen de un video, pueden circular varias versiones del mismo recorte. Cuando llega la rectificación, parte del público ya pasó a otro asunto. Una versión puede circular en segundos. Comprobarla lleva el tiempo que exigen las pruebas.

La exministra comparó el recorrido de los datos con el del cobre que se extrae en un país y se refina en otro. Si el procesamiento y las decisiones sobre su uso se concentran fuera del lugar donde se generan, también se desplaza parte del poder para fijar condiciones. La soberanía tecnológica tiene efectos concretos. Un país gana margen cuando puede decidir dónde aloja información de interés público y exigir que sea posible cambiar de proveedor sin empezar de cero. Para ejercer ese margen necesita personas capaces de examinar los sistemas que contrata.

Una red que se pueda abandonar

Desalambrar fue uno de los verbos de Vallejo. Se refería a exigir interoperabilidad para que cambiar de plataforma no obligue a perder los contactos. Los servicios podrían comunicarse con protocolos comunes. Poder irse sin perder los contactos cambia cuánto depende una persona de la plataforma que usa.

El otro paso es construir una «red de todos». Vallejo habló de una infraestructura de carácter público con gobierno independiente, algoritmos auditables, fuentes verificables y publicaciones en orden cronológico. También propuso facilitar el encuentro con comunidades que quedan fuera del círculo habitual. Un usuario debería poder entender por qué le aparece un mensaje. Cuando se retire una publicación, también debería poder saber quién tomó la decisión y cómo pedir que se revise.

Los ejemplos de Pix en Brasil y UPI en la India sirven para entender cómo una infraestructura común de pagos permite la participación de distintos prestadores. Trasladar esa idea a la conversación pública abre preguntas propias. ¿Quién financiaría la red? ¿Quién nombraría a sus responsables? ¿Qué protección tendría una persona que publica una investigación sobre la autoridad que sostiene el servicio? En México, una prueba entre universidades, medios públicos y organizaciones civiles permitiría discutir esas reglas con un caso concreto. Una rectificación o una alerta es un buen lugar para empezar a medir si la información llega y sigue accesible cuando hace falta volver a ella. En el pódcast Reinicia, Vallejo ha llevado al público preguntas sobre el funcionamiento de internet. En el foro las convirtió en una propuesta institucional. «Que la verdad tenga dónde vivir», dijo al cerrar. Para una persona que busca un dato después de que dejó de ser tendencia, eso significa poder encontrarlo, rastrear de dónde salió y ver qué cambió si alguien lo corrigió.

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