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La muerte de un contribuyente no borra automáticamente sus pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además de bienes, una herencia puede incluir obligaciones fiscales y el derecho a recuperar impuestos pagados de más. Ser hijo, pareja o hermano de una persona fallecida no significa, por sí solo tener que pagar sus impuestos con dinero propio. Hay que identificar las obligaciones de la sucesión, quién la representa y qué patrimonio responde por ellas.

¿Las deudas con el SAT se heredan? ¿Quién atiende los impuestos de una persona fallecida? ¿Debe presentarse una declaración por el año del fallecimiento? ¿Qué pasa si el fallecido tenía saldo a favor? ¿Cómo se da de baja del RFC a una persona fallecida? ¿El SAT puede embargar una casa heredada?

Las disposiciones consultadas para esta versión de 2026 distinguen entre los impuestos pendientes del fallecido, los ingresos que se generan mientras se administra la herencia y los avisos necesarios para cerrar su situación fiscal. El artículo 1281 del Código Civil Federal establece que la herencia comprende los bienes, derechos y obligaciones del fallecido que subsisten después de su muerte. Por eso, los adeudos fiscales pueden reducir el patrimonio disponible para repartir. Pero existe un límite, conforme al artículo 1284, el heredero responde por las cargas de la herencia hasta el valor de los bienes que recibe. El artículo 1678, además, mantiene separados los bienes del fallecido y los del heredero. En cada sucesión también debe atenderse la legislación civil aplicable. Por ejemplo, si una persona deja bienes por 300,000 pesos y obligaciones por 450,000, la regla descrita no implica que el heredero tenga que cubrir los 150,000 pesos restantes con sus ahorros únicamente por aceptar la herencia. Esto es distinto de las responsabilidades que haya adquirido por cuenta propia. El albacea o representante legal de la sucesión es quien debe atender las obligaciones que correspondan durante la administración del patrimonio. Si los bienes siguen generando ingresos, por ejemplo, mediante la renta de un departamento, pueden existir impuestos por pagar mientras se concluye la sucesión. El artículo 92 de la Ley del ISR prevé que su representante pague el impuesto por cuenta de los herederos o legatarios durante ese periodo. El cargo también implica responsabilidades, ya que el artículo 26, fracción XVIII, del Código Fiscal de la Federación contempla responsabilidad solidaria del albacea o representante por las contribuciones causadas o que debieron pagarse durante su encargo. Cuando la persona estaba obligada a presentar la declaración anual conforme al artículo 150 de la Ley del ISR, el artículo 261 de su Reglamento dispone que el albacea presente la declaración por los ingresos recibidos desde el 1 de enero hasta la fecha de la muerte. El plazo es de 90 días siguientes a la fecha en que se le confiera el cargo al albacea. No se cuenta automáticamente desde el fallecimiento. Ese artículo también da un tratamiento específico a ciertos ingresos generados antes de morir pero cobrados después. Esto no equivale a una regla general que elimine cualquier adeudo previo por salarios u honorarios. Un saldo a favor puede dar lugar a una devolución si se cumplen las condiciones legales. El artículo 22 del Código Fiscal regula ese derecho y, cuando el impuesto se calcula por ejercicio, exige como regla la presentación de la declaración correspondiente. La gestión debe realizarse mediante quien tenga facultades para representar la sucesión y acreditar el derecho solicitado. El parentesco, por sí solo, no sustituye esa representación ni convierte el saldo del fallecido en un saldo personal del familiar. Tampoco debe suponerse que el dinero se deposita automáticamente a los herederos o que cualquiera puede aplicarlo contra sus propios impuestos. La devolución y el uso de saldos a favor están sujetos a las disposiciones de cada contribución. El Reglamento del Código Fiscal distingue tres avisos: Cancelación por defunción: puede presentarla un familiar o tercero interesado cuando no corresponde abrir una sucesión fiscal. Apertura de sucesión: la presenta su representante cuando se actualizan los supuestos del artículo 30, como el fallecimiento de una persona obligada a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia, con las excepciones previstas en ese precepto. Cancelación por liquidación de la sucesión: corresponde al representante una vez concluida esa liquidación. Los avisos tienen supuestos y momentos distintos. No existe un único plazo de “30 días desde la muerte” que sirva para todos. El artículo 29 del Reglamento establece, como regla general para estos avisos, el mes siguiente a aquel en que ocurre el hecho que los origina. Recibir una vivienda por herencia no la vuelve automáticamente inembargable. Si existen créditos fiscales exigibles, la autoridad debe sujetarse a las reglas de cobro y embargo del Código Fiscal. Su artículo 157 protege determinados bienes, entre ellos el patrimonio de familia legalmente constituido e inscrito en el Registro Público de la Propiedad. La protección depende de cumplir las condiciones legales; no basta con que el inmueble sea la casa donde vive la familia. Tampoco hay una exención general para un automóvil u otro bien únicamente porque el fallecido no lo utilizara en un negocio. Antes de repartir o disponer del patrimonio, conviene identificar los adeudos y posibles devoluciones, acreditar al representante de la sucesión y determinar los avisos y declaraciones que correspondan.

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